El Compliance penal ha venido para quedarse. Como hemos comentado en artículos anteriores, el Compliance consiste en la implantación de una serie de políticas de seguimiento y control de la actividad empresarial, para evitar que se utilice la empresa para cometer o encubrir delitos de los que podría tener que acabar respondiendo la empresa. En los casos más graves, incluso con la disolución de la propia empresa.

El cumplimiento normativo (Compliance Penal) implica la implantación de un sistema de detección de posibles riesgos penales en la actividad ordinaria de la empresa, la implantación de las medidas detectoras y correctoras, en su caso, que sean necesarias, y conlleva, como gran ventaja, que en caso de investigación penal a la empresa por delitos que se pudieran haber cometido en el seno de la misma, que la empresa pueda quedar al margen de esta responsabilidad penal, e indirectamente, de la responsabilidad civil derivada de la anterior.

No estamos ante la implantación de un sistema de cumplimiento obligatorio para la empresa, al menos por el momento, sino que es altamente recomendable, primero, para evitar la comisión de delitos usando la cobertura o los medios de la empresa, y segundo, para que en el caso que incluso saltando los controles que se hayan establecido, la empresa pueda quedar al margen de toda responsabilidad probando que ha adoptado todas las medidas que estaban a su alcance para evitar que tales delitos se cometan.

En principio, demostrando que se han adoptado esas medidas, la responsabilidad penal de la empresa -y por tanto, de sus directivos-, disminuye sensiblemente, permitiendo dejarla al margen del procedimiento penal y salvaguardando su prestigio y valor de marca. Además, es la mejor forma de proteger a la propia empresa y a sus socios de las actividades de alguno o algunos de sus socios o directivos; la perspectiva cambia sustancialmente para la empresa: de ser responsable a ser víctima de un delito.

Ahora empieza a surgir un nuevo aspecto que favorece sin duda que tomemos la decisión de implantar un sistema de Compliance penal en nuestra empresa. Leyendo las reflexiones de un magistrado del Tribunal Supremo sobre el asunto, D. Vicente Magro, destaco el planteamiento inicial que realiza, y cito literalmente “Las aseguradoras deberían exigir al empresario la aplicación de programas de Compliance”. Y tiene toda la razón; no olvidemos que las compañías aseguradoras que cubren la responsabilidad civil de la empresa pueden verse obligadas a abonar cuantiosas indemnizaciones como consecuencia de la actividad de las empresas aseguradas, incluso en muchos casos, la responsabilidad civil derivada de los delitos que se pueden cometer en su actividad ordinaria. Además, el hecho de no implantar este sistema aumenta exponencialmente el riesgo de tener que abonar una indemnización por responsabilidad civil.

Por ello, el hecho de que ahora exista un mecanismo de control como el Compliance penal que, si no elimina la posibilidad de cometer delitos en el ámbito de la empresa, sí que la reduce ostensiblemente, y que además permite detectar cualquier incumplimiento a tiempo de evitar males mayores, no sólo es recomendable como ya hemos dicho, sino que en breve se convertirá en un requisito indispensable para que las aseguradoras cubran la responsabilidad civil de las empresas y sus directivos. Al tiempo.

Por Manuel Sarrión Sierra

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